La iniciativa parlamentaria insta al municipio a recuperar los beneficios fiscales de la histórica Ordenanza Nº 5430, vinculando los incentivos impositivos a la defensa del empleo y los proveedores campanenses frente a la crisis laboral, la cual fue modificada por el Intendente Abella.
La diputada provincial de Fuerza Patria, Soledad Alonso, presentó un proyecto de declaración ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires expresando el agrado del restablecimiento de la Ordenanza Municipal Nº 5430 que vinculaba la promoción industrial y las exenciones impositivas a la obligación de contratar un 75% de trabajadores y proveedores locales. Dicha normativa fue modificada por el Intendente de Campana, Sebastián Abella, haciendo absolutamente laxo el cumplimiento de la contratación de empleados y prestadores locales.
Al respecto, la legisladora explicó la urgencia de la medida en el actual contexto económico: «La Ordenanza 5430, sancionada durante un gobierno peronista, constituyó durante años una herramienta concreta de promoción industrial orientada no solamente al crecimiento económico, sino también a la protección del empleo local y al fortalecimiento del entramado productivo campanense. Bajo su vigencia, la ciudad registró uno de los niveles de desempleo más bajos de su historia reciente, demostrando la importancia de contar con un Estado que priorice a sus vecinos».
La iniciativa busca revertir los efectos de la modificación realizada en 2021 bajo la gestión del intendente Abella mediante la Ordenanza Nº 7288/21, la cual eliminó los requisitos de contratación obligatoria de trabajadores residentes. Alonso argumentó que aquella decisión política debilitó los mecanismos de protección laboral y el comercio local, una situación que se volvió insostenible en los últimos meses tras la asunción del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, aliado político del intendente.
«Desde el cambio de rumbo a nivel nacional, Campana ha sufrido un fuerte deterioro en materia laboral, acumulando aproximadamente dos mil despidos que afectan gravemente a nuestras familias. Es imprescindible que el municipio recupere herramientas activas de defensa del empleo local frente al impacto de políticas nacionales que favorecen la flexibilización laboral y el debilitamiento del aparato productivo», enfatizó la diputada bonaerense.
Finalmente, el proyecto cuestiona la efectividad de las medidas recientes del ejecutivo local, advirtiendo que incluso la posterior adhesión de Campana al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la Ordenanza Nº 7638 no se tradujo en mejoras sustanciales. «Los beneficios fiscales otorgados a las grandes inversiones hasta el momento no han demostrado beneficios concretos para la comunidad en términos de generación genuina de empleo, mientras la crisis continúa profundizandose. Restablecer la ordenanza original significa recuperar una política pública que coloca en el centro a los trabajadores campanenses, defiende el “compre local” y vincula los incentivos fiscales al compromiso efectivo de las empresas con la sociedad», concluyó Alonso, solicitando el acompañamiento de sus pares en la Legislatura.
